Guatemala lleva más de cuarenta años sin concretar una ley de aguas, pese a que su Constitución de 1985 la demanda expresamente. Trece intentos legislativos desde 1991 han fracasado, y el actual gobierno prometió entregar la propuesta a finales de 2025, pero todo indica que será hasta 2027 o incluso 2028.
El vacío normativo impide definir responsabilidades institucionales y genera incertidumbre jurídica que frena la inversión y el desarrollo. El Ministerio de Ambiente mantiene la propuesta en fase de revisión, mientras el sitio web que prometía transparencia en el proceso lleva semanas sin funcionar. La falta de diligencia se suma a señalamientos recientes de corrupción en la cartera. La iniciativa contempla crear una Superintendencia Nacional del Agua con autonomía funcional y financiera, aunque persisten dudas sobre su efectividad dado el antecedente negativo de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios.
El contexto preelectoral complica aún más el panorama: los diputados priorizan su reelección sobre legislar. Aunque la comisión de Ambiente del Congreso ha expresado voluntad de agilizar el dictamen, la historia sugiere que la aprobación dependerá más de cálculos políticos que de urgencia técnica o constitucional.
Fuentes:
Proceso Nacional del Agua (sitio oficial no disponible)
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