Escuela en Antigua Guatemala: dos años sin clases regulares

Quinientos setenta y cinco estudiantes de la Escuela Primaria de San Mateo Milpas Altas, en Antigua Guatemala, continúan sin recibir clases en aulas formales tras más de dos años de un proyecto de mejoramiento que acumula irregularidades. La Contraloría General de Cuentas determinó que la iniciativa mantiene cero por ciento de ejecución financiera pese a un presupuesto que creció de manera irregular hasta alcanzar 27.2 millones de quetzales.

Por qué importa

• Impacto educativo directo: Los 575 alumnos del establecimiento reciben clases en espacios improvisados y viviendas particulares desde hace más de dos años, lo que compromete la calidad de su formación académica y sus condiciones de aprendizaje. La ausencia de infraestructura adecuada afecta directamente el derecho a la educación de cientos de menores que deberían estar en aulas formales antes de julio de 2025.
• Irregularidades presupuestarias graves: El incremento de 9.3 millones de quetzales respecto al presupuesto original, equivalente al 62 por ciento, carece de respaldo técnico y se ejecutó sin modificación formal del convenio. La Contraloría impuso multas por 162,250 quetzales a siete funcionarios municipales, incluyendo al alcalde Juan Manuel Asturias, por autorizar contrataciones sin sustento legal.
• Uso ineficiente de recursos públicos: La municipalidad adjudicó el proyecto por 27.2 millones de quetzales cuando la oferta más baja fue de 23.98 millones, una diferencia de 3.22 millones. Esta decisión representa un sobrecosto significativo en un contexto donde la obra permanece totalmente paralizada y sin avances después de dos años consecutivos.

Antecedentes del proyecto

El proyecto de mejoramiento de la Escuela Primaria de San Mateo Milpas Altas fue aprobado inicialmente mediante el Convenio 34-2024 con un presupuesto de 17 millones 902,479 quetzales. La iniciativa tenía como objetivo dotar de infraestructura educativa adecuada a una población estudiantil de 575 alumnos que necesitaban espacios dignos para su formación académica. Sin embargo, durante el proceso de contratación, el monto experimentó un crecimiento desmedido que terminó siendo objeto de investigación por parte de las autoridades de control.

La Contraloría General de Cuentas identificó que el contrato finalmente adjudicado a la empresa CONSTRAUBE, cuyo representante legal es Pablo Isaac Quintana Shtraube, alcanzó los 27.2 millones de quetzales bajo el Número de Operación de Guatecompras 23692162. Este incremento de 9.3 millones de quetzales no contó con el respaldo técnico necesario ni con la modificación formal del convenio original, lo que constituye una violación a los procedimientos de contratación pública establecidos en la normativa guatemalteca.

Irregularidades en la adjudicación

Al proceso de licitación identificado con el NOG 23692162 se presentaron cuatro oferentes con propuestas económicas diversas. La oferta más baja correspondió a Billy G. Arreaga Cárdenas con 23.98 millones de quetzales, seguida por Hielyson E. Solares Castillo con 24.01 millones. Sin embargo, la Municipalidad de La Antigua Guatemala optó por adjudicar el proyecto a CONSTRAUBE por un monto superior en 3.22 millones de quetzales respecto a la propuesta más económica, decisión que carece de justificación técnica documentada.

La auditoría determinó que los incrementos en distintos renglones de trabajo oscilaron entre dos y trescientos por ciento, variaciones que no fueron adecuadamente sustentadas ante las instancias de control. Como resultado de estas irregularidades, la Contraloría General de Cuentas impuso multas por un total de 162,250 quetzales a siete funcionarios municipales, entre ellos el alcalde Juan Manuel Asturias, por autorizar y suscribir un contrato con incrementos no respaldados técnicamente.

Rechazo del CODEDE y parálisis total

El Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez rechazó modificar el convenio original al detectar los incrementos desproporcionados en los renglones de trabajo, que en algunos casos alcanzaron hasta el trescientos por ciento. Esta negativa representa un mecanismo de control que evidencia la falta de transparencia en el manejo presupuestario del proyecto. A pesar del rechazo, la municipalidad no ha logrado resolver la situación administrativa que permita ejecutar la obra conforme a la normativa vigente.

Pese al incremento presupuestario y a que han transcurrido dos años desde el inicio del proyecto, la obra mantiene un cero por ciento de ejecución financiera. Este dato resulta particularmente grave considerando que el plazo de conclusión estaba establecido para julio de 2025, fecha que se aproxima sin que existan avances tangibles en la construcción de la infraestructura educativa necesaria para los estudiantes afectados.

Búsqueda de financiamiento internacional

Fuentes con conocimiento directo del caso revelaron que el alcalde Juan Manuel Asturias mantuvo un acercamiento con la embajadora de la República Popular China en Costa Rica para explorar alternativas de financiamiento destinadas a concluir la obra paralizada. Durante estas conversaciones se habría planteado un aporte cercano a 1.5 millones de dólares estadounidenses, lo que representaría aproximadamente el cincuenta por ciento del presupuesto actual del proyecto. Esta gestión genera interrogantes sobre la viabilidad financiera original de la iniciativa y la capacidad municipal para culminar proyectos con recursos propios.

Análisis e implicaciones

El caso evidencia problemas estructurales en la gestión municipal de proyectos de infraestructura educativa, donde la falta de planificación técnica y financiera adecuada resulta en sobrecostos significativos y parálisis administrativa. La adjudicación a un oferente con precio superior en más de tres millones de quetzales sin justificación técnica documentada plantea serias dudas sobre los criterios de selección utilizados y la optimización de recursos públicos en beneficio de la comunidad educativa.

La búsqueda de financiamiento internacional para cubrir casi la mitad del presupuesto actual sugiere que la municipalidad enfrenta dificultades para completar el proyecto con los recursos disponibles, lo que podría indicar deficiencias en la planificación financiera inicial o problemas de liquidez institucional que afectan la ejecución de obras prioritarias para la población.

Lo que sigue

La comunidad educativa de San Mateo Milpas Altas aguarda que la municipalidad resuelva las observaciones de la Contraloría y logre ejecutar la obra antes del plazo establecido para julio de 2025. Será fundamental monitorear si la gestión de financiamiento internacional prospera y si las autoridades municipales implementan mecanismos de control más rigurosos para evitar irregularidades similares en futuros proyectos educativos.

Fuentes consultadas

• Información basada en reportes de auditoría de la Contraloría General de Cuentas de Guatemala y documentación del proceso de contratación NOG 23692162

Información elaborada por noticias.com.sv a partir de República. Fuente original: República